Entrevista con Tamara Adrian

Por Willy Diversia – Corresponsable Brranquilla

La comunidad Trans (Transformistas, travestis, transgéneros, transexuales) son tal vez el eslabón más débil en la cadena de lucha por el reconocimiento de la igualdad de derechos a nivel mundial. Es preocupante sobretodo la difícil accesibilidad que tienen estos y estas a los derechos integrales de educación y trabajo. Al parecer, el tener una identidad de género alternativa, y expresarla, es unas condenas fortuitas a un estilo y expresión de vida indignas para cualquier persona.

Sin embargo, en medio de la injusticia y transgresiones diarias cada día conocemos casos alentadores, de personas que a pesar de la fuerte oposición y numerosísimos obstáculos que se han presentado en sus vidas, han logrado anteponer sus capacidades y demostrar que las identidad de género es un factor que no impide el desarrollo personal y profesional. Mujeres como Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander Von Humboldt en Colombia y Carla Antonelli diputada en la asamblea de Madrid en España, han demostrado que si se puede, y sobretodo que el sector trans tiene muchísimo que aportar a la sociedad.

Sin desmeritar los casos anteriormente mencionados, creo que es aun mas loable la labor de personas que han logrado posicionarse profesionalmente por encima de los perjuicios que pueda evocar la  expresión de su identidad de género, en países donde el reconocimiento de derechos a la comunidad LGBT es inferior, por no decir que nulo. Y es precisamente uno de estos casos el que quiero destacar hoy Tamara Adrian es una abogada transexual que aparte de destacarse por su fuerte activismo en su país natal, Venezuela, es una respetada autoridad en el mundo de la jurisprudencia. No solo es doctora en derecho de la universidad de parís, además es profesora de una importante institución de educación superior ( y católica por cierto) y en el año 2010 estuvo postulada a una magistratura de la Sala Constitucional de la Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

En una coyuntura tan importante como las que está protagonizando el sector LGBT a nivel internacional, quise conversar con Támara quien amablemente y a pesar de sus múltiples ocupaciones aparto un tiempo para responder a la siguiente entrevista:

Uno podría tener la sensación  que al estar una mujer transexual postulada para una magistratura de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en dicho país hay unos progresos significativos en cuanto al reconocimiento de las diversas identidades de género.  Pero ¿en realidad es así?

Desgraciadamente Venezuela se encuentra en uno de los últimos lugares en América Latina en cuanto a avances relativos a derechos de la población LGBT. Podemos decir que nada ha cambiado desde finales de los años noventa hasta la fecha, salvo por dos detalles que mencionaré. En 1998 se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo que estableció la no discriminación por orientación sexual (no identidad de género), pero este ha sido un texto que NUNCA se ha aplicado en ninguna decisión judicial, debido al temor de hacer denuncias y a la desconfianza en el sistema judicial. Desde ese momento no ocurrió nada hasta febrero 2008, cuando el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional señaló que discriminar a una persona por su orientación sexual (no identidad de género) estaba prohibido por el artículo 21 constitucional que establece una enumeración ejemplificativa y no cerrada de las causas de discriminación. Pero al mismo tiempo decidió que esta protección contra la discriminación era individual pero no en el ámbito de las relaciones de pareja. En noviembre 2010 logramos finalmente que el reglamento de policía nacional estableciese la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y en diciembre 2010 se estableció esta causal de no discriminación en la Ley Orgánica del Poder Popular. Pero en la práctica no se ha logrado ningún avance significativo: ni en políticas públicas (prácticamente inexistentes); ni en investigación de crímenes de odio; ni en derechos de pareja (ninguno); ni en reconocimiento de la identidad de las personas transexuales (el TSJ guarda silencio sobre mi solicitud desde mayo de 2004); ni siquiera en cuanto al cambio de nombre simple.

Entonces, es un simple efecto de una labor individual de algunas personas que nos hemos dedicado a lograr la visibilidad a toda costa; y de algunos grupos de activistas que nos acompañan en esta tarea.

¿Qué progresos ha hecho la legislación venezolana a favor del sector trans?

Como dije antes: ninguno. No se reconoce el cambio de nombre y mucho menos el cambio de nombre y sexo de las personas transexuales.

Cuando analizamos los distintos informes que ilustran los avances en materia de derechos para la comunidad LGBT alrededor del mundo, el primer lugar siempre lo ocupan el matrimonio, la adopción, el reconocimiento de los derechos patrimoniales entre parejas, etc. Pero poco se mencionan los avances en cuanto al reconocimiento de las identidades sexuales y de género.  ¿Qué está indicando esto? ¿Una endo discriminación dentro del activismo?

Es posible que haya una endo discriminación en ciertos grupos gays y lésbicos. Pero además, es producto de la mayor vulnerabilidad de los grupos de personas trans, que en general forman parte de la población más excluida de cualquier derecho en todas partes del mundo. Y eso repercute en la educación y su capacidad de organización. Afortunadamente viene cambiando, sólo en cuanto a la organización; no en cuanto a las causas de exclusión. La población trans se encuentra en una posición similar a la de un inmigrante sin papeles en su propio país, agravada por el estigma.

¿Cuál es su visión del activismo trans en Latinoamérica? ¿hay una incidencia fuerte al respecto?

Ha venido evolucionando con la organización y sobre todo el empoderamiento derivado del financiamiento de algunos planes de superación. Estamos trabajando en diferentes frentes, pero el gran inconveniente es que siendo una población altamente vulnerable, excluida y marginada, que ni siquiera se concibe como persona digna de derechos iguales, y muchas veces sólo tiene interés en sobrevivir el día a día, pero no en organizarse para lograr una superación a mediano plazo: simplemente porque no se concibe como titular de derechos, y porque su expectativa de vida raramente supera los 35 años. Hay que cambiar las políticas públicas.

No podemos negar que en el sector LGBT existe una fuerte endo discriminación entre cada una de estas letras e inclusive dentro de cada una de ellas. Particularmente como transexual lesbiana ¿se ha sentido discriminada dentro del mismo sector?

Creo que la lucha contra la discriminación empieza por el respeto de cada uno de los factores. Y hay que luchar por esa inclusión.

¿Qué podemos esperar próximamente de Tamara Adrian la activista?

Soy actualmente candidata nacional a elecciones abiertas del partido Voluntad Popular, para formar parte del Equipo Nacional de Activistas (ENA), equivalente a la directiva nacional. Todas las personas inscritas en el padrón electoral podrán votar el 10 de julio. También estoy organizando en ese partido el movimiento PRO Inclusión, que busca ser la voz de todas las minorías para que el lema del partido: “todos los derechos para todas las personas” sea una realidad “en la ley y en los hechos”: Comenzaremos a trabajar con personas con discapacidad, personas con condición de salud crónica, mujeres sobrevivientes de violencia, adultos mayores y grupos LGBT.